05 Oct De fraudes y malvados: posibles soluciones
Recién publicado el «Informe de la CNMC sobre alternativas de regulación en materia de reducción de pérdidas y tratamiento del fraude en el suministro eléctrico», resulta interesante destacar lo que se desprende y no se ha dicho del mismo.
El nivel de pérdidas de las redes se ha visto incrementado en los últimos años debido a un aumento del fraude en el suministro eléctrico, que ha pasado a ser notorio y profesionalizado.
La lucha contra el fraude resulta necesaria y obligada con el fin de tutelar los legítimos intereses de los consumidores que cumplen fielmente con sus obligaciones, puesto que con la regulación actual, el coste lo acaba pagando el resto de los consumidores.
Con la normativa actual, no existe un riesgo económico para aquellos que cometen el fraude eléctrico, con lo que se incentiva sin fin las conductas defraudadoras. Por ello, la CNMC destaca la importancia que desde la Administración se regulen los mecanismos destinados a detectar este tipo de actuaciones, así como la tasación adecuada de las sanciones económicas para que no resulte rentable el fraude de energía.
Resulta curioso que países como Austria, Dinamarca, Finlandia Alemania y Noruega atribuyan al distribuidor la responsabilidad de la compra de las pérdidas de su zona, y por el contrario, países como Grecia, Italia, Portugal y España, sea el comercializador quien soporta las pérdidas, que a la postre las recuperará del resto de consumidores.
La falta de precisión de la normativa reguladora del fraude (articulo 87 RD 1955/2000) ha provocado que las actuaciones de las empresas suministradoras adolezcan en ocasiones de la transparencia y rigor necesarios para garantizar los derechos de los consumidores.
Las alternativas regulatorias planteadas por el regulador, a saber, 1) que el distribuidor sea el responsable de la compra de las pérdidas entre las reales y estándares; y 2) que el comercializador siga siendo responsable de la compra de las pérdidas, pero el distribuidor le financia la diferencia de pérdidas entre las reales y las estándares, no deben desviarse del objetivo principal: fomentar una acción conjunta y armonizada por parte de las Administraciones para la lucha contra el fraude.