30 Sep Hoja de ruta del Proyecto InEExS sobre políticas para la reproducción de modelos innovadores de servicios energéticos: una aproximación nacional
Verdia Legal es socio participante del proyecto LIFE InEExS Modelos innovadores de servicios energéticos (eficiencia) para la integración sectorial a través de Blockchain desde su inicio en noviembre de 2022, aportando el asesoramiento jurídico necesario en el desarrollo de las distintas fases del proyecto. El principal objetivo de dicho proyecto es favorecer el despliegue de servicios energéticos integrados entre sectores y vectores energéticos, así como la “tokenización” de los datos de ahorro energético en una Blockchain pública para facilitar la cooperación entre segmentos y actores del mercado.
Entre otras, una de las responsabilidades de Verdia Legal ha sido el asesoramiento en el desarrollo y evaluación de los esquemas legales y contractuales de los distintos modelos de negocio, para diseñar modelos de contratos adecuados que puedan ser replicables y que faciliten la implementación de servicios energéticos inteligentes integradores de sectores, así como el despliegue de una amplia gama de tecnologías sostenibles. Los esquemas contractuales desarrollados se pueden encontrar aquí.
En ejecución del proyecto InEExS, el consorcio ha elaborado el documento “Hojas de ruta políticas para la reproducción de modelos innovadores de servicios energéticos”, en el que se formulan recomendaciones con el objetivo de promover la digitalización del sistema energético hacia la transición a una energía limpia.
Esta hoja de ruta se ha planteado como un trabajo de ámbito europeo que permita tener una base para la elaboración de informes equivalentes a nivel nacional que incluyan las particularidades de cada estado miembro de la Unión Europea.
En complemento de la hoja de ruta, a continuación, se realiza una aproximación de los distintos aspectos mencionados en el documento, aterrizándolos en el contexto de la regulación española. Para ello, se analizará el estado de la regulación en algunas de las distintas áreas de interés consideradas en la hoja de ruta, como son las comunidades energéticas, las redes y contadores inteligentes y, finalmente, los mercados de flexibilidad.
1. Comunidades energéticas
El desarrollo de las comunidades energéticas en España ha avanzado notablemente en los últimos años desde su inclusión en la Ley del Sector Eléctrico como sujetos del sector eléctrico. Este reconocimiento de las comunidades energéticas se produjo en el año 2020 con la publicación del Real Decreto-ley 23/2020 que transpuso en parte las directivas europeas sobre energías renovables y del mercado interior de la electricidad, definiendo y diferenciando las figuras de las comunidades de energías renovables (CER) y de las comunidades ciudadanas de energía (CCE).
Se esperaba que esta transposición parcial de la normativa comunitaria fuera completada mediante la aprobación de un real decreto que debía concretar el desarrollo y la regulación específica de ambas figuras. En este sentido, se sometió a trámite de información pública una propuesta de texto que, hasta la fecha, no ha sido aprobado ni publicado.
A pesar de esta paralización en el desarrollo regulatorio de las comunidades energéticas, la proliferación de estas figuras ha seguido augmentando. Ello ha sido motivado, principalmente, gracias a las medidas de apoyo y programas de incentivos que el Gobierno ha impulsado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y los fondos europeos Next Generation EU, así como en ejecución de los objetivos del PNIEC.
Los tres programas de ayudas que forman el núcleo del sistema de apoyo a las comunidades energéticas en España han sido los programas CE Implementa, CE Impulsa y CE Oficinas gestionados por el IDAE y bajo el paraguas de los cuales se ha impulsado la creación y desarrollo de comunidades energéticas en todo el país, financiando actuaciones en energías renovables, eficiencia energética, movilidad sostenible y gestión de la demanda.
Por todo ello, se puede considerar que España ya está actualmente realizando muchas de las recomendaciones incluidas en la Hoja de ruta de InEExS, tales como la alineación de la normativa nacional con las definiciones de la UE sobre las comunidades energéticas, el reconocimiento legal y el apoyo administrativo y financiero de estas figuras o la provisión de subvenciones y programas de ayudas para estos proyectos. Asimismo, se han establecido objetivos específicos a nivel nacional y local que permiten la promoción de acciones energéticas lideradas por los ciudadanos generando confianza e impulsando la participación local en la transición energética.
2. Redes y contadores inteligentes
La implantación de las redes y contadores inteligentes es esencial para proporcionar información en tiempo real del uso de energía a consumidores y proveedores y promover, así, la flexibilización del mercado eléctrico. España es líder en algunos segmentos de la digitalización. De hecho, el informe “Unlocking flexibility: No-regret actions to remove barriers to demand response”, elaborado por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de Reguladores de Energía, constata que en España el despliegue de los medidores inteligentes en los consumidores domésticos se acerca al 100%, siendo este uno de los mayores porcentajes de la Unión Europea.
De este modo, el despliegue masivo de contadores inteligentes, que facilitan la lectura remota, la gestión y discriminación horaria de las medidas, así como la telegestión, han permitido dotar a la red de distribución de una infraestructura básica de digitalización.
El desarrollo de redes inteligentes sigue siendo prioritario en la agenda nacional, respaldado por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y el Plan PRTR, con inversiones significativas destinadas a la digitalización de la red y la integración de renovables. Iniciativas como el Real Decreto 1125/2021 han canalizado fondos europeos para estos fines.
Pese a ello, la digitalización de la red enfrenta numerosos desafíos, y una buena parte de ellos están directamente vinculados con la retribución de las redes. La transformación digital del sistema eléctrico exige grandes inversiones y un marco regulatorio que asegure una retribución justa e incentive la modernización, evitando sobrecostes para el consumidor, pero sin poner en riesgo la viabilidad económica de las empresas gestoras de la red.
Otros de los retos a los que se enfrenta la digitalización de las redes son la necesaria modernización de infraestructuras antiguas, la integración de energías renovables y la gestión del almacenamiento, la interoperabilidad y visibilidad en tiempo real, la ciberseguridad y la protección de datos, la brecha digital territorial y la participación de los consumidores.
Muchos de estos retos coinciden con las recomendaciones incluidas en la Hoja de ruta y que, a su vez, van muy alineadas con el Proyecto InEExS. Destacamos, por ejemplo, la necesidad de desarrollar sistemas interoperables para el intercambio seguro de datos entre las partes interesadas, que debe ir acompañado con el correspondiente establecimiento de directrices nacionales sobre el intercambio de datos energéticos bajo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Cabe recordar que en el marco del Proyecto InEExs se han analizado los desafíos que supone la aparición y utilización de tecnologías de contabilidad distribuida como el blockchain o los contratos inteligentes en el desarrollo de modelos de negocio que facilitan la implementación de servicios energéticos inteligentes.
3. Flexibilidad del sistema y mercados de flexibilidad
En Europa, el concepto de flexibilidad ha sido definido a través del Reglamento (UE) 2024/1747, que en su artículo 2 la define como “capacidad del sistema eléctrico para adaptarse a la variabilidad de los patrones de generación y consumo, así como a la disponibilidad de la red, en los distintos horizontes temporales del mercado”. Por su parte, el artículo 32 de la Directiva 2019/944/UE introduce los incentivos para el uso de la flexibilidad en las redes de distribución, sentando así las bases para el desarrollo de los denominados mercados locales de flexibilidad.
Estos mercados han de permitir una gestión más inteligente, eficiente y sostenible del sistema eléctrico, beneficiando tanto a los operadores (optimizando el uso de la infraestructura eléctrica y permitiendo la integración de energías renovables) como a los participantes y consumidores (permitiéndoles tener un mejor control sobre su consumo de energía y, en su caso, recibiendo una contraprestación por su flexibilidad cuando se requiera).
La Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, estableció el compromiso de desarrollar los mercados locales de energía en España en un plazo de doce meses desde su entrada en vigor. Este desarrollo debía materializarse como parte de la estrategia para avanzar en la transición energética, fomentar la participación de los consumidores y comunidades energéticas, y facilitar la integración de recursos distribuidos y renovables a nivel local. Sin embargo, este compromiso no se ha visto materializado en el plazo previsto.
Si bien el PNIEC contempla iniciativas que se orientan hacia la futura implementación de los mercados locales, en el caso de España actualmente estos mercados se encuentran en proceso de regulación y desarrollo normativo, no contando aún con un marco definido y operativo. El PNIEC contempla la necesidad de avanzar en su regulación, diseño e implementación, pero no detalla acciones concretas ni plazos cerrados para su puesta en marcha.
No obstante, poco a poco se van produciendo desarrollos normativos que van marcando la senda para la implementación de estos mercados. Uno de los avances más relevantes se produjo con la publicación de la Circular 1/2024, de 27 de septiembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por la que se establece la metodología y condiciones del acceso y de la conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de demanda de energía eléctrica.
Entre sus novedades, define el concepto de “capacidad de acceso flexible” y contempla la posibilidad de que las instalaciones de demanda soliciten un acceso flexible, con el objetivo de permitir una utilización más eficiente de la red, especialmente en zonas con menor capacidad disponible, y favorecer así la electrificación de la demanda.
Otro ejemplo es la aprobación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) en marzo de 2025 de cinco proyectos piloto a través del banco de pruebas regulatorio (sandbox), para ensayar, en un entorno regulatorio controlado, soluciones innovadoras en flexibilidad, almacenamiento, agregación y gestión de la demanda, y todos ellos enfocados en flexibilizar las redes de distribución y eliminar las barreras regulatorias para la participación en mercados de balance y servicios de flexibilidad.
Finalmente, debe destacarse que, recientemente, se han tramitado iniciativas legislativas que pretendían desarrollar la flexibilidad del sistema eléctrico. Este ha sido el caso del Real Decreto-ley 7/2025, aprobado en junio, pero que no llegó a poderse convalidar y, por lo tanto, fue derogado. Ante ello, el Gobierno ha optado por reactivar la vía de los reglamentos – que no precisan de mayorías parlamentarias – y, en este sentido, se ha iniciado la tramitación urgente de un proyecto de Real Decreto que establezca una nueva regulación en suministro y contratación de energía. Este proyecto desarrolla finalmente reglamentariamente la figura del agregador independiente, como sujeto que puede agrupar demanda para participar y operar en todos los mercados eléctricos, incluidos los servicios de flexibilidad. Otra iniciativa legislativa reciente, relacionada con la flexibilidad del sistema, es la propuesta de orden ministerial para crear un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular, que fue sometida a audiencia pública a finales de 2024 pero que aun se encuentra pendiente de aprobación definitiva.
4. Conclusión
Tanto la Unión Europea como España han abordado, en su regulación, los aspectos clave que permitirán digitalizar y modernizar el sistema energético y orientarlo hacia la descarbonización de la economía. Así, la UE ha aprobado planes decisivos como el Objetivo 55 y el REPowerEU.
Por su parte, en España, documentos como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y el PNIEC han servido como palanca política para impulsar las principales iniciativas abordadas en este artículo. De hecho, estas iniciativas son claves para cumplir con los objetivos previstos en el PNIEC, tales como conseguir, para 2030, un 32% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, un 48% de renovables sobre el uso final de la energía o un 81% de energía renovable en la generación eléctrica.
En la misma línea, programas como el CE IMPLEMENTA han financiado más de 120 proyectos de comunidades energéticas, mientras que estrategias como la Estrategia de Almacenamiento Energético está siendo clave para digitalizar el sector y desplegar herramientas que aporten flexibilidad.
España ha demostrado un compromiso firme con la transición energética, reflejado en el impulso a las comunidades energéticas, la masiva implantación de contadores inteligentes y los primeros pasos hacia la creación de mercados locales de flexibilidad. Sin embargo, persisten desafíos regulatorios y técnicos que requieren de políticas nacionales claras y medidas actuales y planificadas para consolidar estos avances.
Con todo, los ambiciosos objetivos marcados por el PNIEC requerirán de un esfuerzo adicional y de la integración de soluciones innovadoras como las propuestas en el seno del proyecto LIFE InEExS.